Canarias afronta la ley de energía europea con un parque ineficiente
Bruselas acota el marco energético e impide a los propietarios explotar viviendas en régimen de alquiler que no dispongan como mínimo el certificado con calificación D antes de 2033
La nueva normativa europea que obliga a vender o alquilar viviendas con una calificación mínima E desde 2030 y D desde 2033 supone un escollo para el parque residencial de Gran Canaria, buena parte del cual conserva estructuras y equipos obsoletos. La mayoría de inmuebles carece además de sistemas de eficiencia como placas fotovoltaicas, un escaso 1,3% de los hogares grancanarios, según datos del Gobierno de Canarias en 2023.
Según la técnica y certificadora energética Inés Díaz, «muchos propietarios perciben la calificación de un inmueble como un trámite burocrático sin utilidad práctica», y evitan informarse sobre «un paripé para gastar dinero»; otros propietarios temen el coste de las reformas y desconocen las ayudas disponibles; y en numerosos edificios la inacción se explica por la pasividad de administradores de fincas que no impulsan solicitudes ni proyectos colectivos.
El sistema de calificación funciona con una escala de letras de A, la más eficiente, a G, como menos eficiente. La etiqueta refleja el consumo energético estimado del inmueble y su impacto en emisiones aparece en el certificado de eficiencia energética que debe presentar el vendedor o arrendador. El procedimiento se incorporó al ordenamiento español con el Real Decreto que transpone la directiva europea y fue actualizado por el Real Decreto 390/2021, que establece el procedimiento y los plazos de obligatoriedad para la certificación en edificaciones nuevas y en las operaciones de compraventa o alquiler.
Situación en Canarias
Más de la mitad de las viviendas en Canarias no alcanza la letra E. La mayoría ostentan etiquetas F o G, lo que, sobre el papel, las dejaría «fuera del mercado» si no se actúa. Un informe sectorial sitúa a Canarias a la cabeza de comunidades con mayor porcentaje de hogares en G (cerca del 66,9%). El parque residencial de Las Palmas de Gran Canaria tiene una edad media alta, con buena parte de edificios construidos en la década de 1970, lo que explica la magnitud del problema.
Gran Canaria suma la cifra de un 62% de viviendas peor adaptadas para ser eficientes
Algunos expertos dudan de si es posible llegar a las cero emisiones en 2050, como pacta la Unión Europea. «Si nos lo proponemos es posible, así no tenemos que depender de las grandes eléctricas. Ellas son las que están cogiendo también el pastel de la fotovoltaica, pero creo que sí, que podemos subsistir con la fotovoltaica. Supone un dinero, pero no es una bestialidad», asegura lDíaz.
Con todo, se pide calma. Canarias está lejos de sufrir un desplazamiento de su parque de viviendas. El criterio de calificación D en certificado energético podría alcanzarse con pequeños reajustes dentro del hogar, como una sustitución de la caldera de gas a eléctrica.
En Canarias, la mejora más coste-efectiva no siempre pasa por grandes envolventes, con una modificación de fachadas o ventanas, sino por el agua caliente sanitaria (ACS). «He llegado a expedir certificados que cambian de una G a una E por un cambio de termo», afirma. Pequeños reajustes que se logran con un desembolso pequeño de capital, por ejemplo instalar iluminación LED, pueden ser otras opciones para adaptar la casa.
Las recetas estándar para climas continentales no casan con el Archipiélago. En zonas peninsulares la envolvente y la necesidad de calefacción marcan el salto de letra; en Gran Canaria, el reto real es modernizar los termos individuales, implantar bombas de calor para ACS o vincular termos eléctricos a autoconsumo fotovoltaico. Estas soluciones que propone Díaz exigen desembolsos asequibles para el bolsillo de los canarios.
A esta transformación energética se añade la barrera que supone ubicarse en un territorio ultraperiférico y clima cálido. El Archipiélago importa gran parte de la energía que consume. Precisamente, en julio de 2025 la FECAM, junto al Instituto Tecnológico de Canarias y el Gobierno canario, lanzó una encuesta para diagnosticar cuánta energía pueden costear las familias y en qué condiciones la consumen.
Inés Díaz, certificadora: «En Las Palmas la gente prefiere arriesgarse a una denuncia»
Díaz subraya que en Gran Canaria suele imperar la inacción, a diferencia de Tenerife, donde los administradores tramitan permisos y subvenciones, en Gran Canaria «no nos movemos» hasta ser obligados. De hecho, en Gran Canaria un 62% de viviendas se concentran en inmuebles con peor calificación energética, mientras que en Tenerife es del 41,5%.
La falta de impulso repercute en el bajo ritmo de reformas en los hogares: particulares y comunidades de vecinos que ignoran las convocatorias de ayudas para instalar placas fotovoltaicas, y prefieren mantener el statu quo pese a las ventajas fiscales y descuentos, por ejemplo, deducciones en el IBI o en la Declaración de la Renta.
Por otro lado, la percepción de la factura eléctrica también refleja la falta de información. Díaz comenta que muchos canarios desconocen la tarifa regulada con horas valle más económicas y no programan electrodomésticos en horarios baratos. Ella misma logró reducir su recibo casi a la mitad (de unos 110 a 60 euros mensuales) simplemente cambiando a tarifa regulada y cargando el coche eléctrico y la lavadora en horarios de bajo coste.
Artículo publicado por Daniela Marrero en LA PROVINCIA